La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a través de una circular, dispuso la suspensión de nuevas licitaciones y condicionó la asignación de recursos para obras en ejecución a su propia aprobación. La norma supone la interrupción en los próximos meses del plan de mejora de rutas en todo el país con el supuesto fin de reducir el déficit corriente en las cuentas públicas.

Teniendo en cuenta su representatividad – la DNV tiene autorización para gastar $ 22.228 millones – es posible algún efecto negativo en nuestro negocio que viene sosteniéndose por la fuerte presencia del Estado a través del gasto público. Actualmente más de $ 12.000 millones están enfocados en nuevos tendidos de rutas, otros $ 3651 millones para el mantenimiento y 4101 millones en los corredores viales concesionados, según los números de ejecución presupuestaria.

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