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Una litigiosidad creciente que castigó a empresas y trabajadores
El sistema de riesgos del trabajo cumplirá 20 años en julio próximo. Su implementación significó una reducción sistemática en la cantidad de accidentes ocurridos en el ámbito de trabajo, una mayor cobertura de las enfermedades laborales y un incremento significativo de los montos de las indemnizaciones dinerarias del régimen. Sin embargo, el sistema siempre fue objeto de una imparable litigiosidad.
Hasta la reforma de 2012, los juicios se multiplicaron a partir del fenómeno de la denominada «doble vía» que habilitaba, junto con el reclamo en el fuero laboral, el recurso de la vía civil cuyos costos impactaron de lleno en los presupuestos de las empresas. Los cambios de hace tres años resolvieron ese problema de fondo desalentando los juicios en el fuero civil contra las empresas a partir de un significativa aumento de las indemnizaciones del sistema.
Con el nuevo escenario mutó el objeto de la litigiosidad. Los nuevos juicios se iniciaron contra las aseguradoras a partir de las diferentes interpretaciones que realizan los jueces sobre varios aspectos regulados por la reforma, como la retroactividad de las indemnizaciones, la forma en que se aplica el índice de actualización para los pagos de resarcimientos (Ripte) o los procedimientos para determinar el grado de incapacidad por accidente (aplicación del Baremo).
Recientemente un fallo de la Corte Suprema de Justicia buscó resolver el primer aspecto al determinar que el reajuste de indemnizaciones por accidentes laborales dispuesto a partir de la reforma de 2012 no es aplicable a la reparación de daños por siniestros ocurridos previo a su implementación.
Se trata de una definición clave. Solo en abril último se presentaron casi 12 mil nuevas demandas, nivel que equivale a un aumento interanual del 16% en juicios. En base a esa evolución, se proyectan para este año más de 122.500 nuevos juicios.