El proyecto, que busca contener la industria de juicio, fue consensuado con gremios y sectores empresarios que defendieron su contenido. Críticas de abogados laboralistas

El Gobierno confía en que el proyecto de reforma del régimen de riesgos del trabajo (ART), que envió el jueves al Senado con la apuesta de frenar el crecimiento de la litigiosidad contra el sistema, logre la sanción del Congreso antes de que culminen las sesione ordinarias del Congreso. Supone que para ello será clave el respaldo político de los gremios de la CGT y las principales cámaras empresarias, con quienes consensuó aspectos centrales de la reforma previo a su envío a la Cámara Alta, donde estima que la iniciativa tendrá un tránsito más rápido que en Diputados.

Ese análisis junto con el reclamo oficial para que fortalecer el apoyo público al proyecto formaron parte de una reunión informal que funcionarios del Ejecutivo mantuvieron el viernes con representantes empresarios y sindicales. Allí de uno y otro sector expresaron su adhesión a los ejes centrales de la iniciativa, en tanto que la delegación de la CGT reiteró su reclamo para avanzar en un nuevo proyecto de prevención de accidentes una vez que el Congreso sancione la reforma enviada el jueves para contener el aumento de la «industria del juicio» contra el sistema.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, encabezó durante el fin de semana la defensa de la iniciativa oficial y repudió las críticas de los abogados laboralistas contra la propuesta, a la que acusaron de «perjudicar» los intereses de los trabajadores. «No es así. Es justamente al revés», indicó Triaca en referencia al impacto de la litigiosidad y las demoras para que los trabajadores siniestrados cobren las indemnizaciones.

Desde el triunvirato de conducción de la CGT, el dirigente Juan Carlos Schmid también advirtió sobre los efectos de la industria del juicio. «Acá hay una actitud que no le sirve ni al trabajador, ni al empresario, porque hay vivos que se están haciendo la América» con los juicios laborales, aseguró.

El proyecto enviado al Senado establece que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. El Ejecutivo pretende así que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de «cosa juzgada» en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo.