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Pese a las reformas y cambios instrumentados en los últimos años para frenar la litigiosidad, la industria del juicio sigue golpeando al régimen de riesgos del trabajo, situación que complica el funcionamiento de las aseguradoras del sistema y se traduce en un incremento de costos para las empresas por la cobertura de accidentes y enfermedades laborales. Solo entre los meses de febrero y marzo pasado se iniciaron más de 21 mil nuevos juicios por accidentes, un dato que eleva a casi 123 mil la previsión de demandas para todo el año y representa un aumento del 16% sobre la cantidad de nuevos casos registrados en 2015, según un relevamiento difundido por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
El informe precisó que en febrero de este año se iniciaron 9747 juicios por accidentes de trabajo, mientras que en marzo, la cifra trepó a 11.705. En todos los casos y tras el establecimiento de la denominada «vía excluyente», se trata de demandas realizadas contra las ART. Sin embargo, el impacto también se traslada a las empresas que, debido al crecimiento de la litigiosidad, deben costear el incremento de los seguros del sistema.
De acuerdo con el relevamiento de la UART, si se mantiene el aumento de los juicios contabilizados entre febrero y marzo, el año finalizará con alrededor de 122.628 nuevas demandas acumuladas, cifra que equivale a un aumento del 16% respecto a los niveles de litigiosidad detectados el año pasado.
Por otra parte, en el análisis por jurisdicción, el informe detectó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito en el que se inicia el 44% del total de las demandas (con un crecimiento del 25%, muy por encima del promedio nacional de 16%), mientras que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 16,3% de los nuevos juicios. Luego se ubica la provincia de Santa Fe, donde se inicia el 14,5% del total de demandas, lo que representa un incremento del 7% en la comparación interanual, mientras que en Córdoba se registra la situación inversa, con una disminución del 3% respecto a 2015, acumulando el 11,4% de los nuevos juicios. La provincia de Mendoza, a su vez, registra una una baja interanual de demandas del 9% con una participación del 7,1% del total de los casos.
«La consecuencia directa de esta creciente conflictividad judicial es un aumento considerable de gastos operativos y de cobertura, con incidencia directa en el costo laboral e impacto en la economía y la puesta en peligro de la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores», advirtió la UART al analizar los resultados del informe.
La entidad que agrupa a las compañías aseguradoras consideró como «paradojal» la situación actual del sistema, al sostener que el aumento de la litigiosidad se produce en el contexto de una reducción sistemática en la cantidad de accidentes ocurridos en el ámbito de trabajo, una mayor cobertura de las enfermedades laborales y un incremento significativo de los montos de las indemnizaciones dinerarias del régimen.